jueves, 30 de abril de 2009

LA COMISION CIRCENSE DE LAS CASAS DEL ALBA

La Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América o ALBA constituida en La Habana (Cuba) el 14 de diciembre de 2004 por el acuerdo de Venezuela y Cuba, es una propuesta de integración enfocada para los países de América Latina y el Caribe que pone énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Es un proyecto de colaboración y complementación política, social y económica entre países de América Latina y el Caribe, promovida inicialmente por Cuba y Venezuela.


El ALBA se fundamenta en la creación de mecanismos que aprovechen las ventajas cooperativas entre las diferentes naciones asociadas para compensar las asimetrías entre esos países. Esto se realiza mediante la cooperación de fondos compensatorios, destinados a la corrección de discapacidades intrínsecas de los países miembros, y la aplicación del Tratado Comercial de los Pueblos.


¿Qué busca el ALBa en sí?



La liberalización del comercio y las inversiones.

  • Es una propuesta que centra su atención en la lucha contra la pobreza, la exclusión social, contra los altos índices de analfabetismos y de pobreza que existen principalmente de América Latina y el Caribe.


  • Otorga una importancia crucial a los derechos humanos, laborales y de la mujer, a la defensa del ambiente y a la integración física


  • Mejorar las condiciones de vida de millones de campesinos e indígenas


  • Busca atacar los obstáculos a la integración, los mismo que son:
    a. La pobreza de la mayoría de la población;
    b. Las profundas desigualdades y asimetrías entre países.
    c. Intercambio desigual y condiciones inequitativas de las relaciones internacionales.
    d. El peso de una deuda impagable.
    e. La imposición de las políticas de ajuste estructural del FMI y el BM y de las rígidas reglas de la OMC que socavan las bases de apoyo social y político.
    f. Los obstáculos para tener acceso a la información, el conocimiento y la tecnología que se derivan de los actuales acuerdos de propiedad intelectual; y,
    g. Prestar atención a los problemas que afectan la consolidación de una verdadera democracia, tales como la monopolización de los medios de comunicación social


  • Enfrentar la llamada Reforma del Estado que solo llevó a brutales procesos de desregulación, privatización y desmontaje de las capacidades de gestión pública.


  • Profundizar la integración latinoamericana requiere una agenda económica definida por los Estados soberanos, fuera de toda influencia nefasta de los organismos internacionales.

  • No se puede satanizar el trabajo social que viene haciendo el gobierno de Venezuela a favor de los más pobres y necesitados de nuestra sociedad. Las Casas del Alba, al igual que otras naciones hermanas, ayudaron a los damnificados del Terremoto del 15 de Agosto de 2007 con víveres además de construir 200 casa prefabricadas en la localidad de Chincha (Barrio Simón Bolívar) beneficiando a casi 500 damnificados.


    Esta comisión investigadora del Congreso de la República, no es otra cosa que la expresión de intolerancia y persecución política en contra de sectores nacionalistas y de la izquierda peruana.


    Recordemos que esta Comisión tiene sus orígenes en la Comisión de Relaciones Exteriores del congreso de la República del Perú, que en su sesión del 21 de octubre del 2007, acordó conformar una subcomisión encargada de “Investigar las posibles actividades o influencias del Acuerdo Internacional Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe – ALBA, en nuestro territorio”.


    Esta comisión fue duramente criticada en Bolivia por los políticos de esa hermana República, donde el portavoz presidencial Iván Canelas, declaró “denunciamos y rechazamos que parlamentarios de la derecha más extrema del Perú, vengan a Bolivia con una actitud poco respetuosa y diplomática a investigar las casa del ALBA". No podemos contribuir a dañar aún mas con estas investigaciones las relaciones con los gobiernos de Bolivia y Venezuela, siendo este último el séptimo socio comercial de nuestro país. Entonces, si existe una supuesta injerencia del Gobierno Venezolano, ¿Por qué esta parcial comisión no declara la ruptura de las relaciones comerciales o diplomáticas con ese país?


    La formación y las actividades de esta comisión, son expresión de intolerancia política, ya que están desconociendo la libertad de asociación que tenemos los peruanos, como un derecho reconocido y amparado por nuestra Constitución Política- Artículo 2° inciso 4 e inciso 13.



    Diversas autoridades del gobierno, ya han efectuado investigaciones sobre estas llamadas Casas del ALBA, entre ellas la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), la que por medio de su entonces Director Ejecutivo Agustín Haya de la Torre, llegó a la conclusión de que la mayoría de ellas son Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro, más conocidas como Organizaciones no Gubernamentales (ONGs), algunas constituidas legalmente e inscritas en los Registros Públicos, y otras no constituidas que funcionan como tales, en condición de irregulares, sin detectar que hayan recibido dineros u otros recursos del extranjero, además de que la casi totalidad de ellas no tienen cuentas bancarias.


    Las Casas del Alba son asociaciones, formadas por ciudadanos peruanos, haciendo uso de la libertad de asociación, derecho reconocido y amparado por la Constitución Política del Perú, que se rigen por el Código Civil Peruano. Estas asociaciones, pueden ser expresiones de simpatía, con los procesos políticos sociales, que viven los países que conforman los Tratados del ALBA y el TCP. Los sectores más conservadores, deben dejar estas actitudes de intolerancia y persecución política, por el bien del país, y por el respeto que nos merecemos todos los peruanos.

    lunes, 27 de abril de 2009

    COMUNIDADES DE HUANCAVELICA AÚN CONTINUA SUMIDA EN LA OSCURIDAD

    Desde hace tres años, el Centro Poblado de Empedrados, ubicado en la provincia de Tayacaja en Huancavelica continúa esperando que Electrocentro pueda concluir los trabajos de electrificación que quedaron pendientes desde el inicio de una disputa legal entre esta empresa pública y la entidad contratista.

    Empedrados, al igual que otras comunidades pertenecientes a las provincias de Angaraes, Acobamba y Huancavelica se encontraban incluidas dentro de la obra “Suministro, Transporte, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Servicio para las ampliaciones de redes MT y BT Huancavelica” la misma que comenzó a ser ejecutada por la empresa MONTREALEX S.A.C PERÚ, a finales del 2005 y quien incumplió ciertas cláusulas del contrato obligando a Electrocentro a resolverlo. Es en agosto de 2006 que se inicia el procedimiento arbitral en la Cámara de Comercio de Lima, entidad que recién en agosto de 2008 procedió a enviar un perito con la finalidad de efectuar la verificación del estado de avance de cada una de las obras. A pesar que Electrocentro convocó en más de dos oportunidades a concurso para la culminación de las obras, estas fueron declaradas desiertas, hecho que ha prolongado aún más el malestar de estas poblaciones.

    Al respecto, el congresista por Huancavelica, Miro Ruiz manifestó su preocupación por lo prolongado del caso. “Resulta preocupante que se continúe dilatando la solución a un problema que puede ser resuelto por los directivos del Grupo Distriluz. Mi despacho ha insistido continuamente con los funcionarios de esta entidad para que se culmine por Administración Directa las obras en estos poblados. No se puede permitir que esta controversia continúe postergando el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de estas poblaciones quienes reclaman su justo derecho a recibir un servicio básico para la población”.

    Sobre las acciones tomadas por su despacho, el parlamentario huancavelicano manifestó lo siguiente: “Respecto a este punto, en un trabajo conjunto con la población de Empedrados hemos solicitado la intervención de la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Energía y Minas y de la Defensoría del Pueblo a fin de encontrar una rápida solución, consiguiendo que a finales de Abril se realice una reunión en la ciudad de Lima entre Defensoría y los directivos de Distriluz con el fin de llegar a un acuerdo que permita concluir las obras de electrificado tanto en Empedrados como para el resto de comunidades de Huancavelica. Confió en que con la ayuda de la población y la oportuna decisión de los directivos del Grupo Distriluz, lograremos superar este obstáculo que por largo tiempo a causado el retraso en el desarrollo de estas localidades” concluyo el congresista.


    Según señalan algunas fuentes cercanas a Distriluz, habría ya una empresa designada para culminar las obras de electrificación siendo necesario que en la sesión de directorio a celebrarse este miércoles 29 de abril se proceda a ratificar esta decisión, la misma que pondría fin a la prolongada espera para la conclusión de las obras. Del mismo modo, se prevé la presencia del congresista Miro Ruiz en la reunión que tendría la Defensoría del Pueblo con la Gerencia del Grupo Distriluz a fin de mes para tratar el tema del electrificado en Empedrados y demás comunidades afectadas.
    RELACION DE LOCALIDADES AFECTADAS
    1. Empedrados Distrito de Acostambo - Tayacaja
    2. Nueva Esperanza - Huayllay Grande - Angaraes
    3. Chupas - Huayllay - Angaraes
    4. Lerpancca - Paucará - Acobamba
    5. Pucacruz - Rosario - Acobamba
    6. Quichua - Quikos - Izcuchaca - Huancavelica
    7. Rumichaca - Lircay - Angaraes
    8. Urb. Los guindales - Lircay
    9. 2 de Mayo - Jr. Lima y 2 de Mayo - Acobamba, etc.
    10. Otras localidades de Junín, Pasco y Huánuco.

    sábado, 18 de abril de 2009

    Las irregularidades y mentiras de Minera Pampamali continuan

    El pasado mes de Marzo, el representante de la Empresa Minera Pampamali sostuvo su posición de operar en la zona del mismo nombre en la provincia de Secclla, sin embargo no aclaró cuáles fueron las observaciones que levanto de forma extraña gracias a la imprudencia e irresponsabilidad de la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Huancavelica. El no ajustarse a la verdad es una de las caracteristicas principales de los funcionarios de
     esta empresa minera que solicitó su permiso para trabajar en la zona como "Pequeña Minería" ,es decir, casi artesanal. Ahora nos preguntamos Si la Gran Minería que se lleva a cabo en el país no puede garantizar la baja contaminación ambiental ¿Una minera casi artesanal puede garantizar que los Rios Sicra y Atuna no se vean contaminados por la extracción de minerales como Plomo, Zinc, Plata y Oro?. Claramente, la entrevista realizada por Canal N muestra una elevada parcialidad propia de un medio que no pretende dialogar con los afectados permitiendo al "responsable empresario" manifestar hechos que no se ajustan a la verdad, no se puede confiar en un empresario que llama terroristas a campesinos que defienden su medio de vida. A continuación se detalla los puntos por los que no se recomienda que opere esta empresa en la zona de Pampamali.

    Antecedentes

    Según referencias históricas la zona fue explorada por mineros artesanales durante la época de la colonia. A principios de siglo XX, G. Gandolini realiza algunos trabajos de explotación argentífera a pequeña escala, continuando las actividades en forma parcial por la familia Vargas durante la década de los 40 y 60. Al terminar las actividades de esta familia en la zona, la Cía. Minera Buenaventura S.A.A realizó trabajos de exploración y labores mineras subterráneas las cuales son abandonadas. Para 1996 la S.M.R.L Desireé solicita la Concesión minera de Corazón de Jesús Ia cual le es otorgada. Para el año 2002 S.M.R.L Desiree transfiere la totalidad del derecho minero a Compañía Minera Pampamali S.A.


    Datos Generales

    Ubicación: Paraje Pampamali - Distrito Seclla - Provincia Angaraes

    Altitud : 4,200 y 4,600 m.s.n.m.

    Tipo de Yacimiento: Polimetálico (Plomo, Zinc, Plata y Oro)

    Población Afectada

    Lircay : 13,697 habitantes

    Secclla : 1,548 habitantes 


    Definición del Problema

    El análisis nos permite ver que este problema se encuentra muy relacionado al daño ocasionado por Cia. Minera Buenaventura, empresa que ha explotado y dañado el medio ambiente en Huancavelica con la mina Julcani. Esta mina, propiedad de Cía. Minera Buenaventura se localiza en el distrito de Ccochaccasa, provincia de Angaraes, región Huancavelica, a una altura promedio de 4,200 metros, en la cabecera de varias micro cuencas (las más importantes son Churampi - Ucañán, Palcas, Pongoshuayjo), afluentes del río Opamayo-Lircay. Consta de tres sectores: Julcani, Herminia y Mimosa. El depósito minero (al igual que el encontrado en Pampamali) es polimetálico, es decir contiene diferentes tipos de minerales: plata, oro, plomo, cobre, bismuto, entre otros. Los escombros y relaves producidos durante más de medio siglo de explotación minera han sido depositados en decenas de escombreras y 09 canchas de relaves. A la fecha, esta minera opera dentro de los parámetros adecuados de manejo mediambiental, sin embargo, el daño hecho en el pasado es irreparable para el ecosistema de la zona.


    Las aguas ácidas producidas por las actividades de explotación y extracción minera, y las que resultan del Drenaje Ácido de Mina, son tratadas en la planta de tratamiento ubicada en Acchilla, y hasta hace poco en la planta de Gandolini (ahora cerrada) en la quebrada Palcas. 


    Las aguas provenientes de las instalaciones mineras en el sector Julcani, bajan por la quebrada Palcas y pasan por 4 pozas de sedimentación a orillas del río Opamayo en el Fundo Palcas, antes de ser descargadas al mismo río. La única cancha de relaves que sigue en operación es la Nº 09, ubicada en Acchilla.


    La población total estimada de la provincia Angaraes es de 46,111 habitantes, en su mayoría quechua hablantes y viviendo en zonas rurales (74%). Anchonga, uno de los distritos más afectados por Julcani, tiene una población de casi 6,000; Ccochaccasa, el distrito en cuyo territorio se ubican las instalaciones mineras, de 4,400. La capital provincial, Lircay, en el año 1993 tenía una población de 4,654.


    Acceso de las comunidades al Agua


    Cerca a las instalaciones mineras, aguas abajo, se encuentran varias comunidades campesinas, cuyas principales actividades económicas son la ganadería (en las partes altas) y la agricultura (en las partes bajas).


    Las comunidades de la zona de influencia de Julcani tienen como fuentes de agua los ríos y quebradas, así como puquiales y manantiales. Señalan que en décadas anteriores, las aguas superficiales eran cristalinas y se usaban para fines domésticos, riego, consumo de animales y otros. Sin embargo, los comuneros denuncian que desde la llegada de la mina, la calidad de las aguas ha deteriorado de manera significante, razón por la cual algunas comunidades dependen para su abastecimiento casi exclusivamente de aguas de puquiales y manantiales cercanos. En algunas zonas sin embargo, y sobre todo en épocas de sequía cuando los puquiales se secan, no hay otras fuentes de agua que los ríos y las quebradas para riego, consumo de animales y hasta para consumo humano. Últimamente esa situación se está agravando, debido a los cambios climáticos y el crecimiento de la población.


    Según testimonios de las comunidades, la derivación de aguas subterráneas por las operaciones mineras también ha causado la desaparición de puquiales, bofedales y otras fuentes de agua. El uso de las aguas para actividades mineras y para el consumo de los trabajadores ha disminuido las fuentes de agua disponibles para las comunidades aledañas a la mina. Así por ejemplo, pobladores de Canchapata-Constancia y de Palcas denuncian el uso por la mina de las aguas de la laguna Rurio desde hace dos décadas, sin consultar a las comunidades afectadas, que han visto disminuir sus fuentes de agua y la productividad de sus pastizales.


    Los hechos antes mencionados reflejan los efectos negativos que ha generado para la provincia de Angaraes la actividad minera realizada de forma irresponsable hacia el medio ambiente afectando la salud y economía de las comunidades de Lircay y Secclla. Ahora, por la ineficiencia e intereses personales de algunos malos funcionarios del M.E.M y la falta de ética y responsabilidad social por parte de la empresa minera Pampamali que, amparada en la Ley de Silencio Administrativo Positivo está pretende concretar una enorme tragedia que pondría en peligro el futuro de toda la provincia y condenando a muerte el hábitat natural de la zona.


    Compañía Minera Pampamali

    La empresa Cía Minera Pampamali constituida según consta en SUNAT el 19 de Abril de 2002 anteriormente operaba bajo la denominación de S.M.R.L Desiree habiendo obtenido la concesión de la zona conocida como Corazón de Jesús I para sus operaciones. Posteriormente adquiere la concesión minera de la zona conocida como Pampamali 2 de la empresa American Gold S.A.C, en Noviembre de 2002, quien a su vez había obtenido los derechos sobre esta zona de parte de Cía Minera Buenaventura S.A.A. en el año 2001 a fin de que esta empresa pueda operar la extracción de los recursos de la zona.


    Funcionarios Principales:


    José Domingo Salazar Herrera - Gerente General

    Percy Puertolas Salazar – Gerente de Logística

    Edgardo prado Arce – Jefe de Proyectos

    Walter Erquinigo Bejarano – Gerente de Proyectos


    Se han podido identificar diversas observaciones al proceso iniciado por la Compañía Minera Pampamali S.A. para legalizar sus actividades en la zona, las cuales procedemos a mencionar a continuación:



    La Cia Minera Pampamali presuntamente ya había iniciado actividades mineras antes de solicitar autorización para operar en la zona, bajo la razón social S.M.R.L Desiree, la cual transfiere los derechos de explotación el 16 de octubre de 2002 . Durante este período, algunos pobladores señalaban que se trasladaba los minerales extraídos ilegalmente a las instalaciones de la Minera Buenaventura (Julcani) para su procesamiento, hecho que indica una supuesta relación de intereses de Buenaventura en expandir su actividades hacia Pampamali utilizando posiblemente otra figura jurídica.



    Cía. Minera Pampamali S.A. muestra graves omisiones en la presentación del Estudio de Impacto Ambiental Simplificado (EIASd), el cual mando elaborar a la empresa Algon Investment S.R.L para su presentación al Ministerio de Energía y Minas, entre las omisiones se encuentra el obviar las leyes sobre impacto ambiental, decretos y normas complementarias dentro del marco normativo exigido por esta institución.



    No se ha determinado claramente el área del influencia directa e indirecta del proyecto así como los componentes de la mina los cuales son necesarios a fin de poder medir la magnitud de las operaciones mineras proyectadas y sus efectos a futuro. 



    Se ha obviado datos sobre la mapa freática, la cual es importante porque cerca de la zona de explotación existe puquiales y dos lagunas, los cuales se sirven de las aguas subterráneas. Estos puquiales que son utilizados como fuentes de agua limpia para uso doméstico de las comunidades aledañas. 



    No se precisa la densidad de las especies que comprenden la flora y fauna del área de influencia de explotación minera y adyacentes así como la biodiversidad amenazada y que, por causas de los inicios de actividades extractivas se vería precipitada su desaparición, alterando el equilibrio ecológico de la zona. Pese a que es requisito indispensable la realización del trabajo de campo para la identificación de las especies que podrían verse afectadas, estos no han sido realizados en el EIASd. Así que es mentira lo que dice el Sr. Herrera al decir que no existe alpacas en la zona u otor tipo de animales en la zona; sólo alguien que no ha visitado la zona puede creer las palabras de este señor. Por otro lado, es requisito indispensable para este tipo de proyecto la opinión técnica de INRENA, la misma que NUNCA SE TRAMITÓ NI SOLICITO por parte de esta "responsable empresa minera"



    Se ha mencionado de forma muy ligera y sin datos de consistencia a las especies hidrobiológicas que residen en las fuentes de agua que comprenden el área de influencia, especies que son de consumo humano para los pobladores de la zona y que podría ocasionar su extinción o daños a la salud de los pobladores al ser consumidos.



    No se determina en el EIASd la forma en que se realizará las operaciones de la mina con relación al manejo de elementos contaminantes, drenaje de aguas, filtraciones, análisis de desmontes, manejo de suelos contaminados, evaluación de impactos ambientales, transporte de minerales concentrados y manejo de residuos sólidos. Información que es esencial a fin de conocer si los ríos que son abastecidos por las quebradas que nacen en la zona de explotación serán contaminados. 


    No se considera el impacto social de la actividad minera sobre la población cercana a la zonas de explotación, quienes no han dado la licencia social para la realización del proyecto minero de Pampamali puesto que no han sido adecuadamente consultados sobre el mismo. 


    Se ocupa territorios comunales de forma ilegal pues no cuenta con la adecuada autorización de las asambleas comunales ya que en los convenios solo se incluyen algunos miembros de las comunidades de Quispicancha y Ccochatay, y no los dos tercios de la asamblea general de las comunidades campesinas como establece la Ley Nº 26505. Tampoco se cumplió con presentar el EIASd a las autoridades municipales y comunales que se verán afectadas por la operación minera. 



    Es falso que la Cía Minera Pampamali S.A. beneficiará a las comunidades de San Cristóbal de Quispicancha – Pucamaray, Ccochatay y Hauraccopata, quienes firmaron convenios con la empresa por los cuales autorizaron a la compañía minera Pampamali para que realice trabajos de exploración y explotación de minerales durante 04 y 06 años. Por su parte, la empresa se compromete "en la medida que logre resultados favorables en su gestión" en ayudar al desarrollo de la comunidad y a contratar la mano de obra calificada y no calificada "si la hubiere" de las referidas comunidades. Dicho convenio, además de ser demasiado ambiguo, contiene cláusulas claramente debatibles y poco exigibles a la empresa debido a su ambigüedad y manifiesta intención de no asumir compromisos firmes con la población.



    Los convenios firmados así como los hechos suscitados en la Audiencia Pública del 28 de Abril de 2003 son la consecuencia de las inadecuadas explicaciones e información alcanzada por la minera hacia la población la cual es percibida como una relación adulto (mina) – infante (comunidad) causales de mala vecindad y explotación. 



    Habiendo presentado la empresa el EIASd el cual mostraba dentro de su elaboración vicios insubsanables y faltas de requisitos considerados esenciales por el Ministerio de Energía y Minas, extrañamente el titular del la Dirección General de Asuntos Ambientales, Ing. Julio Bonelli Arenas evito pronunciarse dentro del plazo de 120 días que establece el Decreto Supremo Nº 013-2002-EM, hecho que originó que la mencionada empresa se acoja a lo dispuesto en la Ley de Silencio Administrativo Positivo. Es gracias a este amparo que el caso es elevado al Consejo de Minería, el cual, declaró fundado el recurso de revisión que interpuso la Empresa minera a pesar de que el Auto Directoral Nº 021-2004-EM/DGAA del 26 de Enero de 2004 había declarado como improcedente la solicitud de aplicación para el Silencio Administrativo Positivo. Resultado que confirma el contubernio entre el funcionario y los directivos de la empresa minera.


    Estas son algunas de las observaciones más importantes acerca de este caso que debe de generar preocupación en la sociedad sobre todo porque indica la irregular autorización de una minera para operar impunemente sin contar con un adecuado Estudio de Impacto Ambienta y más bien , haciendo uso de artimañas institucionales gracias al descuido del Ministerio de Energía y Minas así como la presunción de contubernio entre miembros de la empresa minera y el Director de Asuntos ambientales. 


    El deficiente Estudio de Impacto ambiental presentado por la empresa Cia. Minera Pampamali S.A. , no hace mas que reflejar la falta de argumentos para evitar el daño ambiental en las cuencas de los ríos Atuna y Sicra, los cuales al ser contaminados causaran daños irreversibles e irreparables a las poblaciones de Secclla y Lircay ya que la zona de explotación se encuentra en la NACIENTE DE AMBOS RIOS. La contaminación de estos dos afluentes principales para la actividad agrícola y ganadera de la zona afectaría directamente los derechos humanos de las comunidades campesinas, derechos que están respaldados por la Constitución Política del Perú y en los instrumentos internacionales que respaldan los derechos humanos como la Convención Interamericana de DD.HH. el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.


    La actividad minera no es una actividad ambiental y socialmente inocua. Esto es preciso recordarlo dado que en diversos medios se suele pensar que la "nueva minería" haciendo uso de "nuevas tecnologías" ha dejado atrás los viejos procedimientos de la vieja minería ambientalmente irresponsable. Esta forma de razonar suele creer que cuando las poblaciones defienden su derecho a la vida, la salud, el agua o un medio ambiente sano y saludable, son "manipuladas por ONGs, partidos políticos, miembros de la iglesia local", "utilizadas por la subversión" o que simplemente se trata de campesinos caprichosos e irresponsables.


    Resoluciones


    El informe Nº 005-2003-MEM-AAM/CPR del 14/01/2004, detalla que la empresa minera no ha cumplido adecuadamente con el procedimiento administrativo que son, volver a convocar a Audiencia Pública, presentar la Solicitud de Certificación Ambiental junto con los Términos de Referencia para posteriormente presentar el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado detallando que la figura de aprobación a través del silencio Administrativo Positivo no procede por la falta de requisitos esenciales y vicios insubsanables.


    Cía Minera Pampamali S.A. interpone el recurso de revisión contra el Auto Directoral Nº 021-2004-EM/DGAA con fecha 26/01/2004 que respalda el informe mencionado en el punto a) ante el Consejo de Minería del Ministerio de Energía y Minas, siendo el Vocal del citado consejo, Ing. José Castillo Meza quien avala el recurso al citar que los Términos de Referencia forman parte de la Solicitud de Certificado Ambiental , asimismo, señala que la autoridad minera no ha especificado cuales son los requisitos que faltan agregar por parte de la Minera lo que según su criterio, el informe no se ajusta a la ley. Esta decisión fue respaldada irresponsablemente por los miembros del Consejo de Minería quienes declaran fundado el recurso de revisión interpuesto por la empresa según Resolución Nº 300-2004-MEM/CM.


    Resolución Directorial Nº 531-2004-MEM/AAM de fecha 09/12/2004.- El citado documento considera dentro de su contenido las observaciones al proceso de documentario deficiente así como los vicios y deficiencias del EIASd, sin embargo, el funcionario a cargo de la Dirección de Asuntos Ambientales, Ing. Julio Bonelli Arena, resuelve aprobar el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIASd) respaldado con su firma las actividades como Certificación Ambiental para las operaciones.

    Funcionarios Implicados en la irregular autorización

    Ing. Julio Bonelli Arenas


    Me pregunto ¿ Acaso en la cabeza del Sr. Herrera, Gerente General de Cia Minera Pampamali, no existe una pequeña pizca de responsabilidad social?

    Por si no lo sabes, Sr. Herrera, las empresas y sobre todo los empresarios actuales no tiene la mentalidad del siglo XIX, como usted la aparenta tener. Las empresas de todo rubro y sobre todo dedicadas a la explotaciòn y Extracciòn minera estan orientadas exclusivamente a desarrollar planes de responsabilidad social antes y durantes sus operaciones.

    Los reclamos y manifestaciones de malestar social no son meras protestas de un puñado de campesinos engreidos ni mucho menos de ONGs subversivas como ha intentado informar a los medios de comunicaciòn de Lima, esos campesinos son personas que no han encontrado en Usted y en su representada una empresa que los valore como seres humanos, que respete sus derechos, no han encontrado una empresa que les ofrezca desarrollar programas de capacitaciòn y tecnificaciòn en la extracciòn de minerales y en la conservaciòn del medio ambiente. Es necesario evitar la irresponsabilidad, mezquinda y egoismo sin lìmites. Los empresarios mineros deben ofrecer desarrollo responsable, diàlogo y sostenibilidad ambiental, no represiòn, violencia, calumnia, humillaciòn y sobre todo balas, poniendo comunero contra comunero, hermano contra hermano, vecino contra vecino. 

    Al parecer se ha venido a demostrar con la actitud de esta empresa una posición dominante sobre un grupo de personas que quieren vivir en paz conservando su medio ambiente tal y como està, no contaminandolo. Romper el fràgil equilibrio de fuerzas que dominan comunidades como Secclla, quienes a pesar de sus carencias económicas muestra valor y orgullo por su tierra es atropellar la libre decisión de los pueblos de vivir en paz sin aceptar imposiciones con el pretexto de desarrollo cuando detrás de ello está el interés de lucrar a costa de la pobreza e ignorancia del pueblo.

    Entérese de las mentiras de esta empresa a través de este enlace:

    lunes, 13 de abril de 2009

    ENTIDADES DEL ESTADO TENDRÁ QUE PUBLICAR INFORMACIÓN MÁS DETALLADA Y ACTUALIZADA DE LOS PROYECTOS QUE VIENE EJECUTANDO

    Entidades del Estado tendrá que publicar información más detallada y actualizada de los proyectos que viene ejecutando
    Los Gobiernos Locales y Regionales tendrá que publicar el monto de la inversión, plazo de ejecución, ejecutor y otros datos de los proyectos que vienen ejecutando para garantizar una mejor transparencia en el manejo de los recursos del Estado.

    La bancada nacionalista en su propuesta y lucha contra la corrupción, planteó el proyecto que pretende fortalecer la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La transparencia en el manejo de los recursos públicos así como la existencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas respecto de la ciudadanía, constituyen elementos fundamentales para la generación de confianza de la ciudadanía en el accionar del Estado, así como para alcanzar un manejo eficiente de los recursos públicos, y una de las prioridades del Partido Nacionalista para fortalecer la democracia es promover y establecer un conjunto de medidas destinadas a mejorar los mecanismos de transparencia en el manejo de los recursos públicos, brindando a la ciudadanía organizada las herramientas necesarias para un proceso efectivo de fiscalización de la gestión pública. La administración actual de las finanzas públicas está caracterizada por su falta de transparencia, en ese sentido resulta urgente promover un manejo eficiente y transparente de las finanzas públicas, como elemento indispensable para garantizar y fortalecer la confianza de los ciudadanos en el Estado.

    En ese sentido, el congresista Miro Ruiz, autor de la iniciativa señaló que “…las dependencias públicas tienen la obligación de publicar en sus portales y por escrito información presupuestal que incluya datos sobre los presupuestos ejecutados, proyectos de inversión, monto de la inversión total, fuente de financiamiento, proveedor o ejecutor, plazo de ejecución, ampliación presupuestaria si la hubiere, avance de la meta del proyecto, partidas salariales y los beneficios de los altos funcionarios y el personal en general, así como sus remuneraciones. De igual manera es importante que también se extienda la responsabilidad al Titular del Pliego o el responsable administrativo de la dependencia pública, debido a que muchas instituciones del Estado están incumpliendo con el mandato de la Ley, principalmente, los gobiernos locales y regionales.”

    La iniciativa permitirá mejorar el nivel de transparencia en el manejo de los recursos fiscales. Los beneficios netos son básicamente de orden cualitativo:
    • Contribuirá con el fortalecimiento del sistema de transparencia fiscal y acceso a la información pública.
    • Contribuirá con el fortalecimiento de la democracia. La información disponible de las instituciones públicas promoverá y permitirá una relación más estrecha entre nuestras instituciones y nuestros ciudadanos haciendo uso de sus derechos constitucionales.
    • Promoverá la participación más activa de la sociedad civil en el ejercicio de sus derechos cívicos de vigilancia ciudadana.
    • Los ciudadanos se convierten en controladores sociales, supervisando y evaluando la gestión pública.
    • El ciudadano reforzará su confianza hacia las instituciones.
    • Se cuenta con un instrumento legal ágil para informar al ciudadano.
    • Fomenta el interés sobre los asuntos públicos.
    • Garantiza a los particulares, el cumplimiento del acceso a la información, que se genere en las instituciones del Estado.

    En cuanto a los costos no generará gastos adicionales a las instituciones del Estado, considerando que actualmente éstas vienen publicando en sus respectivas páginas webs a los funcionarios públicos responsables del portal de transparencia y entrega de información

    Partido Nacionalista plantea iniciativa que destina el 5% de los ingresos obtenidos por el Estado en la actividad minera al Fondo de las FF. AA. y PNP

    La propuesta podría incrementar los Fondos para las FF.AA. y PNP en S/. 252,5 millones anuales.



    El Partido Nacionalista, considera de interés nacional y deber del Estado garantizar la seguridad de la Nación. En ese sentido, plantea la necesidad de modificar la Ley Nº 28445 –Ley que crea el Fondo para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional (EL FONDO), cuyo objetivo es modernizar los equipos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional; consistente en repotenciación y renovación tecnológica de equipamiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional; reparación y mantenimiento del equipamiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.




    El congresista Miro Ruiz, autor de la iniciativa, considera que “…en la Ley vigente los ingresos de El FONDO, sólo tienen un carácter temporal y los montos no garantizan un verdadero sostenimiento, tampoco cubren las necesidades mínimas que haga posible el cumplimiento del objetivo de la Ley. Por ello es necesario agregar y fortalecer los ingresos que constituyen el Fondo para las Fuerzas Armadas y Policiales. El fisco obtiene ingresos y rentas por la actividad minera, por el aprovechamiento de los recursos minerales, metálicos y no metálicos. Existe un 50% de esos recursos que es de libre disponibilidad y lo administra el Poder Ejecutivo. Siendo de interés nacional el fortalecimiento de la capacidad disuasiva de las Fuerzas Armadas y Policiales que permita garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República, se plantea la necesidad ampliar los ingresos que constituyen EL FONDO con cargo a los ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la actividad minera.”




    BENEFICIOS DE LA PROPUESTA

    • Mejoramiento de la capacidad logística que garantizará el cumplimiento del mandato constitucional encargado a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional a fin de garantizar la soberanía e integridad territorial de la República y el control interno, velando por la seguridad y protección de los 27,4 millones de peruanos (censo poblacional 2007-INEI) ante cualquier eventualidad.
    • Mejoramiento sustancial en cuanto a la adquisición de equipos modernos para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
    • Fuerzas Armadas y Policiales con equipamiento repotenciado y renovada tecnología.

    • Equipamiento reparado y mantenido adecuadamente y en su oportunidad.

    COSTOS


    • La naturaleza de este proyecto genera una recomposición en la distribución de los recursos públicos. Considerando el interés nacional y la urgencia que amerita una atención prioritaria con respecto a otras necesidades de la población, que se ubica en otro contexto presupuestal necesario.

    • La transferencia de fondos para EL FONDO, será variable en la medida que los ingresos y rentas que generen la actividad minera son igualmente variables.
    • La cifra aproximada destinado al fondo en función al promedio anual de ingresos y rentas generados por la actividad minera en los últimos 5 años es de S/. 5,050 millones (Fuente Portal Transparencia - MEF). Si aplicamos la proporcionalidad planteada, el resultado obtenido es de S/. 252,5 millones anuales, cifra que se destinaría a EL FONDO

    NO EXISTE UNA ESTRATEGIA PARA COMBATIR AL NARCOTERRORISMO

    Miro Ruiz responsabiliza al Gobierno
    “El Gobierno de turno no tiene una estrategia para combatir al narcoterrorismo” así lo manifestó hoy el Congresista por Huancavelica Miro Ruiz al ser interrogado sobre su posición frente a la emboscada terrorista que cobró la vida de 14 soldados pertenecientes a dos patrullas militares ocurrido en Sanabamba, ubicado en el distrito de Ayahuanco, provincia de Huanta en Ayacucho.

    “Es lamentable que se sigan perdiendo vidas de forma tan irresponsable sin que hasta el momento se ponga un alto a las acciones subversivas en la zona del VRAE. Estas despreciables y cobardes acciones contra efectivos del ejército muestran a todas luces que no existe ningún tipo de estrategia para la zona del Valle del Río Apurimac y Ene, lo que resulta alarmante. Por otra parte, considero irresponsable y temerario decir que fue un error de los efectivos patrullar de día; declaraciones de ese tipo demuestran que el sector Defensa ha claudicado ante el narcoterrorismo, aceptando de forma tácita una supuesta inferioridad de las fuerzas del orden frente al terror. Me pregunto ¿Acaso la vida de 50 soldados peruanos fallecidos hasta el momento en emboscadas terroristas ocurridas en toda la zona del VRAE no son un indicador inequívoco de incapacidad e ineptitud?”.

    “Mientras algunos funcionarios se lavan las manos y se sacuden la responsabilidad de los hechos, los senderistas continúan demostrando tener una estrategia orientada a generar simpatías entre los pobladores de la zona, ayudándolos a resolver problemas que le competen al Estado, esto no es producto de una medida desesperada del narcoterrorismo ante el avance del ejército, es una acción bien planeada y estudiada con la finalidad de asegurar el dominio y control de esta zona, por donde continua fluyendo libremente el tránsito de insumos para la fabricación de cocaína” concluyó el legislador.

    Cabe mencionar que el ataque terrorista se produjo el pasado jueves 09 de abril contra dos patrullas del ejército peruano. Al finalizar el ataque, los terroristas se llevaron 14 fusiles Galil de fabricación israelí, un lanzagranadas, lanzacohetes, ametralladoras Mac y abundantes municiones. Al parecer, todo indicaría que los terroristas habrían utilizado en el ataque las armas robadas en el atentado pasado ocurrido en la provincia de Tayacaja, región de Huancavelica.

    miércoles, 8 de abril de 2009

    GESTIÓN DE SANTO KAWAY ES CUESTIONADA EN LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO

    Poco convincente se mostró el Presidente Regional de Madre de Dios, CPC Santos Kaway Komori hoy, ante en la Sesión Ordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República al sustentar la Ejecución del Gasto en el Ejercicio 2008.

    Durante su exposición, Santos Kaway manifestó que al finalizar el primer trimestre su gobierno ha logrado ejecutar en inversión pública a nivel de devengado el 9.7% del monto total de su presupuesto encontrándose dentro del promedio en comparación con los demás gobiernos regionales del país. Sin embargo, remarcó que esos resultados hubiesen sido mayores si en el incendio de la sede institucional ocurrido el año pasado, no hubiera ocasionado la pérdida de expedientes técnicos aprobados así como perfiles viabilizados. Del mismo modo, consideró que los entrampamientos legales como impugnaciones de concursos, deficiencias en expedientes técnicos y la escasa disponibilidad de profesionales juegan en contra de su gestión.

    Al respecto, el congresista Miro Ruiz manifestó su discrepancia con lo expuesto por Santos Kawai referente a la eficiencia en el gasto público de su región. Las duras críticas hechas por Miro Ruiz se direccionaron a una serie de denuncias por corrupción y malos manejos que ensombrecen la presidencia de Madre de Dios. “Existen serias deficiencias en el manejo que viene realizando usted en su región. La contratación de funcionarios denunciados por delitos contra la administración pública así como el pago de S/.60,000.00 a un asesor fantasma son hechos que debe aclarar. Con respecto a las obras, pude comprobar físicamente que muchas de ellas se encuentran en estado calamitoso como el embarcadero de Puerto Punquiri, el cual declaró como concluido a través del SIAF cuando in situ, tanto las oficinas administrativas como el embarcadero están inconclusas además de mostrar serias deficiencias técnicas que están llevando a que las estructuras colapsen. Considero necesario que responda Usted a estas denuncias que ponen en tela de juicio su gestión en desmedro del pueblo de Madre de Dios. Es importante que Usted, elegido por su pueblo, haga una buena gestión y no venga aquí a dar respuestas débiles sobre la eficiencia de su trabajo” concluyó mientras mostraba las evidencias fotográficas de las obras inconclusas.

    Por su parte, Santos Kawai manifestó que las denuncias realizadas por el consejero regional del Nacionalismo obedecen a una política de hostilidad contra su gobierno. “Su bancada siempre ha venido hostilizándome. Soy una persona que cuenta con el respaldo y aceptación de la población así que su apreciación es totalmente errada. Hay un grupo de personas empecinadas en obstruir mi trabajo, no aceptan que mi labor este en función de todos así que, afirmar que las 120 personas que asistieron a la Audiencia pública que Ud. realizó el 25 de Febrero en Puerto Maldonado representen masivamente a la población, es falso”.
    Con respecto a las denuncias relacionadas a la contratación de un asesor fantasma así como otras irregularidades denunciadas, el Presidente Regional de Madre de Dios manifestó que están siendo investigadas por la fiscalía así como por la Comisión de Fiscalización, culminando su intervención sin aclarar las denuncias relacionadas a la contratación de funcionarios procesados por la justicia de Tumbes.

    Cabe mencionar que a pedido del Congresista Miro Ruiz se acordó la visita del Grupo de trabajo de Análisis de los Gobiernos Regionales y Locales a Madre de Dios a fines de Mayo con el objetivo de analizar la gestión de la presidencia del Gobierno Regional y verificar la real situación de las obras ejecutadas por dicha región.