El poder ejecutivo publicó ayer 20 de mayo en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto Legislativo Nº 1015, norma cuyo objeto es unificar los procedimientos de las comunidades campesinas y nativas de la Sierra y de la Selva con las de la Costa, a fin de mejorar su producción y competitividad agropecuaria.
Ante este hecho, el congresista Miro Ruiz manifestó su preocupación por la publicación del citado Decreto al cual calificó de pretender acelerar el proceso de desajenación de las propiedades de las comunidades campesinas y nativas de la sierra y selva, a favor de terceros.
“Este es un instrumento legal destinado a favorecer a las grandes corporaciones mineras y forestales, cuyo propósito es desaparecer a las comunidades campesinas y nativas que resultan un estorbo para el gobierno y sus patrones. Es necesario aclarar que el Congreso le dio facultades al Poder Ejecutivo para legislar en materia relacionada con la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos, y está utilizando estas facultades para legislar en materias no relacionadas al tema de fondo, para ello tuvo como argumento la mejora de la competitividad de la producción agraria, sin embargo, me pregunto ¿se mejorará la competitividad de la producción agraria del campesino andino y selvático, vendiendo sus tierras? ¿Se está velando por los derechos ancestrales de las comunidades nativas, constitucionalmente reconocidas? La respuesta es obvia, en ninguno de los casos se logra el objetivo, y sólo se pretende cubrir las expectativas ambicionadas por grupos de empresarios ricos” dijo el nacionalista Miro Ruiz al referirse a la cuestionada norma emitida desde el ejecutivo.
Ruiz advirtió que este procedimiento facilitador, generará la desmembración territorial de las comunidades campesinas y nativas, en vista que sólo requerirá el voto a favor del 50% más uno de los miembros asistentes a la Asamblea instalada con el quórum correspondiente (en la práctica sólo se requerirá del 25% de los miembros), quedando con ello el dirigente de la comunidad autorizado para disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto sobre las tierras comunales de la sierra o selva.
En ese sentido, los dirigentes de las aproximadamente 600 comunidades campesinas de la región Huancavelica y otros tantos del resto del país, serían fácilmente tentados para el remate de sus tierras a empresarios mineros, forestales y otros, quienes vienen comprando propiedades de las comunidades a precios irrisorios y con el riesgo de generar conflictos sociales sin precedentes.
Ante este hecho, el congresista Miro Ruiz manifestó su preocupación por la publicación del citado Decreto al cual calificó de pretender acelerar el proceso de desajenación de las propiedades de las comunidades campesinas y nativas de la sierra y selva, a favor de terceros.
“Este es un instrumento legal destinado a favorecer a las grandes corporaciones mineras y forestales, cuyo propósito es desaparecer a las comunidades campesinas y nativas que resultan un estorbo para el gobierno y sus patrones. Es necesario aclarar que el Congreso le dio facultades al Poder Ejecutivo para legislar en materia relacionada con la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos, y está utilizando estas facultades para legislar en materias no relacionadas al tema de fondo, para ello tuvo como argumento la mejora de la competitividad de la producción agraria, sin embargo, me pregunto ¿se mejorará la competitividad de la producción agraria del campesino andino y selvático, vendiendo sus tierras? ¿Se está velando por los derechos ancestrales de las comunidades nativas, constitucionalmente reconocidas? La respuesta es obvia, en ninguno de los casos se logra el objetivo, y sólo se pretende cubrir las expectativas ambicionadas por grupos de empresarios ricos” dijo el nacionalista Miro Ruiz al referirse a la cuestionada norma emitida desde el ejecutivo.
Ruiz advirtió que este procedimiento facilitador, generará la desmembración territorial de las comunidades campesinas y nativas, en vista que sólo requerirá el voto a favor del 50% más uno de los miembros asistentes a la Asamblea instalada con el quórum correspondiente (en la práctica sólo se requerirá del 25% de los miembros), quedando con ello el dirigente de la comunidad autorizado para disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto sobre las tierras comunales de la sierra o selva.
En ese sentido, los dirigentes de las aproximadamente 600 comunidades campesinas de la región Huancavelica y otros tantos del resto del país, serían fácilmente tentados para el remate de sus tierras a empresarios mineros, forestales y otros, quienes vienen comprando propiedades de las comunidades a precios irrisorios y con el riesgo de generar conflictos sociales sin precedentes.
