El Pleno del Congreso de la República decidió ayer, en sesión reservada, suspender sin goce de haber a tres congresistas entre los cuales se encontraba el parlamentario Miro Ruiz Delgado, quien fue acusado de matar a balazos a un perro.
El caso del congresista Miro Ruiz fue visto por la Comisión de Ética, la cual recomendó en forma desproporcionada a la falta, suspenderlo por 100 días además de derivar el caso a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Sin embargo, la propuesta de la mencionada comisión no fue tomada en cuenta, ya que un grupo de parlamentarios apoyaron la reducción de la sanción por considerar el hecho como un acto privado que no tiene ninguna relación con las funciones parlamentarias del legislador huancavelicano.
La sanción aplicada el día de ayer al congresista Miro Ruiz resulta exagerada y sobredimensionada, lo que demuestra las intenciones de neutralizarlo y desacreditarlo políticamente debido a sus ideas y principios. Resulta reprochable que un caso particular, el cual no tiene relación alguna con las funciones parlamentarias del legislador huancavelicano se haya manejado de este modo, ya que el Artículo 26° del Reglamento de la Comisión de Ética señala que esta debe de tener en cuenta el principio de proporcionalidad con la falta cometida, por lo que debió considerarse una amonestación escrita pública o una multa, sin embargo, se ha llevado la pena al extremo, lo que es una clara muestra de lapidación política a la imagen parlamentaria de Miro Ruiz.
Este hecho, el cual fue magnificado y sobredimensionado con claros visos políticos se prestó a ocultar eventos trascendentales, pues mientras los principales medios de comunicación acusaban de matar al can, paralelamente era aprobado el Decreto Legislativo 1015 -Ley de Comunidades Campesinas que acelera el proceso de desajenación de las propiedades campesinas nativas de la sierra y la selva a favor de terceros, afectando en forma directa los derechos de los campesinos de Huancavelica y de todo el país además de la controvertida Condonación de la Deuda Agraria en beneficio de un pequeño grupo de agricultores de la costa norte. Del mismo modo, mientras ciertos medios de comunicación hacían escarnio de la situación y procedencia andina del congresista, estos informaban de forma sesgada y tímida la exhumación de los cadáveres pertenecientes a 60 campesinos asesinados y torturados en Putis y Santo Tomás de Pata.
El caso del congresista Miro Ruiz fue visto por la Comisión de Ética, la cual recomendó en forma desproporcionada a la falta, suspenderlo por 100 días además de derivar el caso a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Sin embargo, la propuesta de la mencionada comisión no fue tomada en cuenta, ya que un grupo de parlamentarios apoyaron la reducción de la sanción por considerar el hecho como un acto privado que no tiene ninguna relación con las funciones parlamentarias del legislador huancavelicano.
La sanción aplicada el día de ayer al congresista Miro Ruiz resulta exagerada y sobredimensionada, lo que demuestra las intenciones de neutralizarlo y desacreditarlo políticamente debido a sus ideas y principios. Resulta reprochable que un caso particular, el cual no tiene relación alguna con las funciones parlamentarias del legislador huancavelicano se haya manejado de este modo, ya que el Artículo 26° del Reglamento de la Comisión de Ética señala que esta debe de tener en cuenta el principio de proporcionalidad con la falta cometida, por lo que debió considerarse una amonestación escrita pública o una multa, sin embargo, se ha llevado la pena al extremo, lo que es una clara muestra de lapidación política a la imagen parlamentaria de Miro Ruiz.
Este hecho, el cual fue magnificado y sobredimensionado con claros visos políticos se prestó a ocultar eventos trascendentales, pues mientras los principales medios de comunicación acusaban de matar al can, paralelamente era aprobado el Decreto Legislativo 1015 -Ley de Comunidades Campesinas que acelera el proceso de desajenación de las propiedades campesinas nativas de la sierra y la selva a favor de terceros, afectando en forma directa los derechos de los campesinos de Huancavelica y de todo el país además de la controvertida Condonación de la Deuda Agraria en beneficio de un pequeño grupo de agricultores de la costa norte. Del mismo modo, mientras ciertos medios de comunicación hacían escarnio de la situación y procedencia andina del congresista, estos informaban de forma sesgada y tímida la exhumación de los cadáveres pertenecientes a 60 campesinos asesinados y torturados en Putis y Santo Tomás de Pata.
La desproporcional sanción en relación con los otros congresistas deja en evidencia que Miro Ruiz no ha vendido sus principios ni ha negociado su reputación por favores políticos, prefiriendo someterse a un castigo severo e injusto antes que inclinarse ante la corrupción
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