miércoles, 20 de mayo de 2009

PERÚ: NARCOTRÁFICO Y TERRORISMO EN EL VRAE


El tráfico ilícito de drogas, problema de alcance mundial, atenta no sólo contra la vida y salud de los pueblos sino también contra la seguridad de los Estados. A despecho de su carácter delictivo, es una actividad económica rentable en extremo y congrega en su entorno ingentes recursos materiales y financieros. Estimula la corrupción menoscabando los valores democráticos fundamentales y su modelo de organización representa un permanente desafío a la estabilidad política.


El problema del narcotráfico en el Perú tiene una connotación particular, pues este flagelo se vincula con el terrorismo en una alianza delictiva que busca proteger sus actividades ilícitas poniendo en grave riesgo la seguridad nacional. Se habla de ”remanentes senderistas”, “rezagos senderistas” , “narcoterroristas”. En cualquier caso, tanto los narcotraficantes como los “rezagos senderistas” tienen como enemigo común al Estado y bajo esta lógica los senderistas estarían ofreciendo protección a los narcotraficantes a cambio de dinero.

¿QUÉ HACER?
Hace un buen tiempo sugerí la necesidad de replantear la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Señalé que durante el año 2006, el Perú había producido 50 mil hectáreas destinadas al cultivo de hoja de coca, 32% más respecto al 2005, aunque para la ONU está cifra era de 51,4 mil hectáreas. El cultivo de la coca en el Perú había crecido y en consecuencia fracasado el objetivo general de disminuir la producción del principal insumo para la elaboración de la PBC y la cocaína. Para revertir tal situación, propuse que en el marco de la Política de Estado de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo se tomen en consideración cinco ejes fundamentales:


1. Fortalecer la labor de Interdicción y cerrar las vías por donde los narcotraficantes llevan el dinero para efectuar la compra de la PBC y la cocaína en las zonas cocaleras dando lugar a que el sobre stock de coca se traiga abajo los precios de éste insumo, obligando a cambiar de cultivo forzado por la falta de demanda de la coca.

2. Mejorar el sistema de articulación del Control de Insumos que debe ir a la par con la interdicción.

3. Efectiva labor de inteligencia financiera para detectar y combatir el lavado de activos.

4. Reestructurar la política de sustitución y erradicación de cultivo de la coca insertando en el mercado al productor agrario y dotándole de créditos preferenciales. De esta manera se restablece la presencia del Estado en las zonas cocaleras.

5. Desarrollo Integral Sostenido promoviendo la presencia de un Estado Descentralizado a través de la inversión en infraestructura económica productiva (carreteras, electricidad, irrigaciones), infraestructura social básica (salud, educación), impulsando los proyectos productivos básicamente en el sector agroindustrial, capacitando los recursos humanos e insertando a los agricultores en el mercado.

El Estado debe dotar de mayor poder de decisión a los gobiernos locales de las zonas cocaleras en apoyo a la política de sustitución de cultivos de la coca, y serán éstos los encargados de ejecutar los proyectos de sustitución de cultivos de la coca, atribuyéndoles la responsabilidad del manejo de los recursos económicos que, para tal efecto, el Estado obtiene de organismos internacionales, públicos y privados para proyectos de desarrollo económico y social.

Por otro lado, a partir del año 2009 el Estado debe garantizar US$ 100 millones anuales, como parte del proceso de descentralización en apoyo a la política de sustitución, los que deben administrados exclusivamente por las propias municipalidades del VRAE, al margen de los presupuestos destinados a los diversos sectores del gobierno nacional que involucran al Plan VRAE.

Existe sin duda una presencia insuficiente e ineficiente del Estado. Todo lo que se dice se queda en versos y buenos deseos, y poco se concretiza en algo objetivo para los pobladores del VRAE. Emitimos normas y más normas, pero que no son efectivas, menos eficientes ni eficaces. El Decreto Supremo Nº 003-2007-DE que declara de necesidad pública y preferente interés nacional el esquema de intervención estratégica integral denominado “Opción de Paz y Desarrollo en Seguridad para el Valle de los Ríos Apurímac y Ene – PLAN VRAE” es un claro ejemplo de ineficacia porque casi nada se avanzó con la aplicación de esta norma.

Los pobladores reclaman, sus autoridades reclaman, pero sólo se escucha en el momento, y parece que el tiempo los hace olvidar a nuestras autoridades. Los resultados son casi nulos. Mediante este Decreto Supremo, se compuso el Grupo de Trabajo Multisectorial VRAE, presidido por el Presidente del Consejo de Ministros, secundado por el Ministro de Defensa, Ministerio de Economía y Finanzas, Interior, Educación, Salud, Agricultura, Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento, de la Mujer y Desarrollo Social y DEVIDA. Sin embargo, si medimos los resultados a la fecha, lamentablemente, están desaprobados, porque los grandes proyectos de interés para la zona del VRAE no caminan, salvo excepciones como el proyecto de electrificación.

El VRAE, requiere una labor más eficaz y eficiente, que le permita celeridad en la atención de sus requerimientos. No se puede dar el lujo de crear organismos burocráticos que entramparían más las decisiones a tomar. Se requiere de un órgano ejecutivo autónomo que articule un trabajo idóneo que agilice la atención al VRAE complementando con normas que exoneren o les permitan “saltar” las trabas “burocráticas” generadas por el SNIP, el OSCE (antes CONSUCODE) para ejecutar proyectos de infraestructura económica y social en dicha zona. El problema del VRAE es un asunto eminentemente social, que debe ser solucionado desde ese mismo punto de vista.


Miro Ruiz Delgado

1 comentario:

afex lavado de dinero dijo...

Toda medida que controle ilícitos es bienvenido